Donde existe una necesidad, nace un Derecho. ¿Cómo Garantizar la IVE?*
- ATL agrupaciónterapistaslibres
- 4 sept 2018
- 7 Min. de lectura
Actualizado: 28 jul 2019
Por Lic. TO Verónica García Ariceta
En el siguiente escrito se analiza la situación actual del aborto en la Argentina y se proponen estrategias de acción. Partiendo de concebir a la salud como procesos de salud-enfermedad-cuidado; desde una perspectiva dinámica, integral y universal. Entendiendo así, a la salud como un derecho humano fundamental y que su garantía exige por parte de los estados la planificación de políticas en salud integradas a otras políticas sociales, basadas en la intersectorialidad e interdisciplina.
Según Poytara (2016), el concepto de necesidades humanas es relevante para los derechos de la ciudadanía y los derechos sociales; así como, también para la creación de servicios sociales comprometidos con el bienestar básico de la población. Siguiendo a esta autora, el principal criterio para definir las necesidades humanas básicas se basa en el método de considerar, en su trayectoria, los efectos de la no atención continúa de las necesidades socialmente compartidas; verificando “si las consecuencias de esa falta de atención provocan serios daños, o perjuicios sociales, es decir, si producen degeneración efectiva en la integridad física y en la autonomía de las personas hasta el punto de condenarlas a una vida subhumana.”(Poytara, 2016, p. 35)
“La creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, fue decidida por más de 20.000 mujeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mendoza en 2004. Iniciada el 28 de Mayo de 2005 por más de 70 organizaciones de mujeres de todo el país, es actualmente asumida por una amplia alianza a nivel nacional, que incluye más de 300 organizaciones, grupos y personalidades vinculadas al movimiento de mujeres, organismos de derechos humanos, al ámbito académico y científico, trabajadores de salud, sindicatos y diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupados, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles y religiosos. Organizaciones y personalidades que asumimos un compromiso con la integralidad de los derechos humanos, y defendemos el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y con ellas, la de todos los seres humanos.”[1]
Por tanto, se concibe a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como un derecho humano fundamental de todas las mujeres y personas potencialmente gestantes, basado en el derecho a la vida, la libertad y la autonomía personal. Derecho a decidir en relación a nuestro propio cuerpo, sexualidad, deseos y proyectos vitales. La IVE, es una “herramienta”, como señala Stolkiner[2], para dar alguna respuesta ante la necesidad humana básica expuesta por las consecuencias de la clandestinidad y la penalización del aborto. Es una necesidad manifiesta por millones de personas en el país y en el mundo, que también conlleva la exigencia por el acceso al derecho a la igualdad entre los seres humanos sin distinción; especialmente de las mujeres y personas potencialmente gestantes.
El Proyecto de IVE presentado, ante el Poder Legislativo, por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito junto con el apoyo de 71 diputadas y diputados, fue aprobado en la Cámara de Diputades, el 14 de Junio de 2018 (14J).[3] Obteniéndo así, media sanción. El 8 de Agosto (8A), 38 senadores y senadoras decidieron rechazar dicho proyecto. Los senadores que votaron en contra fueron: Juan Carlos Romero, Alfredo De Angeli, Rubén Uñac, Rodolfo Urtubey, Ángel Rozas, Roberto Basualdo, Pedro Braillard, Carlos Espínola, Carlos Menem, Carlos Reutemann, Claudio Poggi, Dalmacio Mera, Maurice Closs, Mario Fiad, Esteban Bullrich, Federico Pinedo, Guillermo Snopek, Julio Martínez, Gerardo Montenegro, José Alperovich, José Mayans, Julio Cobos, Juan Carlos Marino y Adolfo Rodríguez Saá. Las senadoras que votaron en contra fueron: Ada Itúrrez, Silvia Giacoppo, Silvia Elías de Pérez, Blanca Porcell de Riccobelli, Miriam Boyadjián, Cristina López Valverde, Marta Varela, María Teresa González, María Fiore, María Belén Tapia, Magdalena Solari, Inés Blas, Inés Brizuela y Doria, y Silvina García Larraburu.
“Concebimos a la política sanitaria como parte de la política social que a su vez, guarda una relación estrecha con la política económica en el marco de un proyecto nacional”. (Laurel, 1993, p.22).
Diches gobernantes han desoído así, las necesidades manifiestas de sus representades y las recomendaciones de organismos y referentes de diversos sectores (nacionales e internacionales). Exponiendo argumentos absolutamente repudiables, mostrando que no representan al pueblo ni a sus intereses, que no están a la altura de las circunstancias, y que atrasan siglos. Puesto que no hay política sin ideología, además de sus miserias también han quedado expuestas sus ideas, intereses, prácticas y aliades. Profundizando así, las políticas neoliberales de esta gestión, que no sólo está interesada en optimizar la producción de la ganancia de los capitales amigues, sino que también quieren continuar sometiéndones a la opresión patriarcal. Siendo sus principales aliades ciertos sectores religiosos (católico y evangélico principalmente) y del mercado de la biomedicina y la industria farmacéutica. Clara muestra de la expresión de Foucault, “hacer vivir y dejar morir” en relación al “Biopoder”, que hace referencia Stolkiner en la conferencia de cierre del VII Congreso Asociación Médica General de Buenos Aires.
Según Danani (1996), las Políticas Sociales son las intervenciones del estado, acciones y/u omisiones, en pos de satisfacer necesidades sociales que producen las condiciones de vida y de reproducción de los diferentes sectores y grupos sociales. Ahora bien, posicionándonos desde la garantía del bienestar social, basada en los principios del bien colectivo, los derechos sociales y la redistribución al interior de las sociedades, y siendo que, “el estado somos todes”. Las sujetas, los sujetos y les sujetes ciudadanes, no somos receptores pasivos. Somos actrices y actores sociales que tenemos el poder de crear, producir y legitimar las políticas. Por tanto, para el desarrollo de políticas sociales y sanitarias, en pos de la justicia social y de la equidad, respecto al impacto sobre las condiciones de salud, de bienestar, de seguridad social y de la accesibilidad a los servicios de salud; es indispensable que continuemos construyendo colectivamente desde el enfoque de los determinantes sociales de salud (desde la conceptualización de la medicina social).
"educación sexual para decidir,
anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir"[4]
La Protección Social garantiza las condiciones necesarias para el desarrollo de una vida digna; en pos de brindar protección integral, aúna tanto esfuerzos económicos como sociales. El fin en sí mismo es que todas las personas puedan desarrollarse en forma libre y armónica. Así, las diversas acciones de la Campaña y la Marea Verde (pañuelazo, charlas, festivales, campañas educación, etc.), junto con el debate público y parlamentario, no sólo han permitido la visibilización de datos y relatos de las experiencias, intervenciones y secuelas que conllevan la clandestinidad y la penalización del aborto. También ha logrado avanzar en relación al empoderamiento de las personas, la educación popular y la despenalización social. Les ciudadanes, como actores sociales actives, hoy desoídes por les gobernantes (en su mayoría, no todes, afortunadamente algunes continúan desarrollando sus funciones en forma democrática), ejercemos nuestra libertad y luchamos por nuestra liberación.
“Para el pueblo, lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación”[5]
La Marea Verde Lucha, Crece y...
- Exige de forma urgente que cada provincia, que no lo haya hecho, adhiera a las prácticas que establece el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo[6] del Ministerio de Salud de la Nación.
- Exige también de forma urgente la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI-Ley 26.150) en todo el territorio argentino.
- Se encuentra en estado de alerta, ya que no se admitirá que se violente institucionalmente y/o denuncie judicialmente, ejerciendo abuso de poder, a ninguna mujer o persona gestante que haya abortado (o quiera hacerlo) y que necesite la garantía del acceso a la salud integral.
Les profesionales, docentes, estudiantes, trabajadoras y trabajadores, representantes del pueblo, organizaciones sociales y sociedad en general, comprometides con la equidad y la justicia social; debemos de continuar, y profundizar, las acciones que garanticen el goce y ejercicio de los derechos humanos y las condiciones de vida digna.
Por tanto, se propone:
- Continuar y profundizar las campañas de concientización, difusión y visibilización de la Marea Verde, y la lucha por la legalización y despenalización del aborto.
- Continuar y profundizar los espacios, intersectoriales e interdisciplinarios, de capacitación, reflexión y debate en diversas instancias de formación (cátedras abiertas, jornadas, ciclos de charlas, cursos, etc.)
- Promover las producciones bibliográficas, investigaciones y publicaciones desde diversas áreas y sectores.
- Fomentar la difusión de organizaciones, servicios y profesionales “amigues” que realizan tareas vinculadas a la garantía de la ESI e ILE (prevención, capacitación y asistencia-consejerías, procedimientos y contención)
- Propiciar la detección temprana de embarazos involuntarios
- Encontrarnos en el 33° Encuentro Nacional de Mujeres (ENM)[7] para debatir y crear más estrategias.
La Marea verde es un propuesta revolucionaria. En palabras de Stolkiner, “pone en jaque al modelo neoliberal”. Propone formas alternativas de construcción al modelo de dominación estructural, basándose en la libertad, la igualdad, la sororidad, la solidaridad, las prácticas de cuidado colectivo y la garantía de derechos.
Queda por estos momentos, la incertidumbre respecto a las estrategias a seguir dentro del campo jurídico. ¿Modificación del Código Penal?¿Consulta Popular Vinculante?¿Presentación de nuevo proyecto ante las cámaras?
Por último, comparto un interrogante. Siendo que, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la objeción de conciencia es siempre individual y no institucional. ¿Cómo constitucionalmente podría una clínica, institución o provincia declararse “Provida”? (Lease: a favor de las muertes, el dinero y el poder producto de la clandestinidad).
*Esta nota está basada en el artículo original de la misma autora cuya publicación pueden encontrar en www.margen.org/wp/?p=4656
Bibliografía
➢ García-Ramírez J. A. y Vélez-Álvarez C. (2013) América Latina frente a los determinantes sociales de la salud: Políticas públicas implementadas. Rev. salud pública. 15 (5): 731-742.
➢ Laurel A.C. (1993). La Política social en crisis: una alternativa para el sector salud. Rev. Saúde e Sociedade. 2 (2):21-84.
➢ Ptyara AP Pereira (2016). Política social y necesidades humanas básicas. Cuestión Urbana N°1. Centro de estudios Avanzados Multidisciplinares Universidad de Brasilia. Dossier
➢ Sen A. (2002) ¿Por qué la equidad en salud? Rev. Panam Salud Pública. 11 (5/6):302-309.
Links:
[2] VII Congreso Asociación Médica General de Buenos Aires.
[3] Siendo la séptima vez que se presenta el proyecto. El primero, en el 2008, tuvo 22 firmas.
Este contiene el número de firmantes más alto desde que se presentó por primera vez. En la convocatoria del 14J en la Marea Verde #Fuimos1Millón, se convocó así #SeamosMillones.
[4] Lema de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
[5] Piero Antonio, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, 1974.
[6] El Protocolo ILE establece un marco de acción normado. Su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso. Todas la jurisdicciones del país deben garantizar el acceso a la ILE.
[7] 13, 14 y 15 de Octubre de 2018. Trelew, Chubut.
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